Fiscalía presentó su pauta de gastos para 2026
En base a la agenda prevista por la Cámara de Diputados de la Provincia, este jueves el Fiscal de Estado, Fernando Simón, participó de la presentación del presupuesto previsto por el Ejecutivo para el próximo ejercicio. Las necesidades del organismo que conduce fueron detalladas ante legisladores por objeto de gasto y financiamiento.
La pauta preve una erogación de 18.163.029.529 de pesos, de los cuales $16.116.030.182 serán necesarios para la cancelación de juicios contra el Estado y el resto al funcionamiento general del organismo y bienes de capital.
En este sentido Simón sostuvo que entiende que hubo un error en el Presupuesto Provincial pero confía en que pueda subsanarse antes de su votación. Esto porque se han destinado más de 6 mil millones de pesos a bienes de capital cuando la suma requerida alcanzaba los 13 millones. Estos fondos sobrantes serán necesarios para cancelar juicios con sentencia definitiva.
Para la elaboración del presupuesto, el Ejecutivo ha utilizado las proyecciones de las principales variables macrofiscales nacionales contempladas en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y Provincial 2026. En este sentido se tuvo en cuenta una variación real del PBI del 5%, una variación interanual del IPC – Diciembre 2026 del 10, 1% y un tipo de cambio Nominal – diciembre de 2026 de 1423 $/USD.
El proyecto contempla que del total anual de la partida de personal, unos 5.808.658.008 de pesos corresponden a la planta permanente, mientras que 93.991.216 a personal temporario.
Legisladores de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados recibieron la pauta de gastos de funcionamiento que significa un 0,11 por ciento del presupuesto general de la Administración Central, una porción que ha disminuido sensiblemente desde 2015 cuando resultaba el 0,35 por ciento del gasto provincial. Durante el encuentro se comprometieron a interceder para que sea resuelto el error percibido en la partida de bienes de capital.
Del total de juicios con sentencia firme que se pagará en 2026 – y que suman 393-, el 30 por ciento corresponde a reclamos por Daños y Perjuicios, un 34 por ciento suman las acciones Procesales y Administrativas, 8 por ciento responden al Convenio L9234 (de Acuerdos Transaccionales), un 14 por ciento corresponden a Prescripciones Adquisitivas, y un 4 a acciones de amparo en general sindicales. El 7 por ciento restante se divide entre procesamientos por consumo, ordinarios y de conocimiento.
Simón destacó que si se produjera esa reasignación presupuestaria, podría alcanzar para abonar un 65 por ciento de las sentencias. Sin embargo si no se produjera el cambio cubriría poco más del 37 por ciento.
Evolución del personal
El fiscal de Estado, Fernando Simón, junto al Director de Administración de Fiscalía de Estado, mostró que en relación a la evolución del personal la curva continúa en sentido descendente porque mientras en 2015 eran 145 trabajadores en la repartición hoy alcanzan los 122, un número que se mantiene con escasas variantes desde 2018.
Actualmente el organismo desarrolla sus tareas con 95 personas en planta permanente, 17 fuera de nivel, 6 adscriptos y 3 contratos de locación.
En relación al trabajo que se realiza en la Fiscalía se dio a conocer la cantidad de dictámenes emanados por la Dirección de Asuntos Administrativos en lo que va de 2025 alcanzó los 816.
Por su parte la Dirección de Asuntos Judiciales lleva adelante 7061 expedientes que aún no tienen sentencia definitiva ni han sido archivados.
Sin presupuesto
Entre los propósitos del organismo de control se destacó la necesidad de fortalecer el control a las empresas con participación estatal. Los proyectos de inversión que presentó el organismo de control eran 8, que sumaban unos 119.850.798 de pesos, y ninguno obtuvo financiamiento.
Para el control de las empresas se solicitaron poco más de 65 millones de pesos, que incluyen la compra de un vehículo para recorrer las obras, seguro y combustible para la misma, equipamiento informático y la contratación de profesionales especializados – al menos 5- en este tipo de auditorías que se sumarían al organismo de control.
El resto de los proyectos estaban relacionados con adquisición de equipamiento, renovación de mobiliarios y libros de consulta jurídica. También se solicitaban fondos para renovación de oficinas y equipos informáticos obsoletos.
Incluso estaba previsto un pedido por 4.300.000 para la reducción de intereses en el pago de juicios ejecutados.
Los legisladores de la Comisión de Hacienda se comprometieron a estudiar el tema, en especial el financiamiento para control de empresas del Estado, y elevar el reclamo al Ejecutivo.